El Govern de les Illes Balears está estudiando la posibilidad de aprobar una ley que permita establecer unos cupos para la concesión de licencias de obras, algo que intentó el Ajuntament de Calvià, pero que chocó con el dictamen del Consell Consultiu, que especifica que esto sólo puede realizarse a través de una norma que tenga rango legislativo. Al parecer, existen diferencias de criterio por parte de los diferentes socios del Pacte de Progrés y es que este asunto plantea algunos problemas, como el de qué Administración será la encargada de establecer los límites a las licencias, si el mismo Govern, los consells o los ayuntamientos. Además, desde algunos sectores se apuntan serias dudas sobre la constitucionalidad de la norma.
El asunto al que hay que hacer frente, sin lugar a dudas, y así lo plantea el Ejecutivo autonómico, es el del desmesurado crecimiento urbanístico que soporta nuestra Comunitat Autònoma y, evidentemente, hay que poner coto a un exagerado nivel de construcción que dificulta enormemente el necesario equilibrio entre nuestros valores medioambientales y un crecimiento sostenido.
Ahora bien, también es preciso que desde el Govern se actúe con la necesaria prudencia y reflexión para no chocar frontalmente con problemas de orden legal, que enfrenten a la nueva ley con normas de rango superior como la misma Constitución.
La precipitación, en estos casos, no suele ser una buena consejera, pero también es verdad que el debate en el seno de las fuerzas del Pacte de Progrés puede ser enormemente positivo para conseguir elaborar un proyecto que resulte beneficioso para poner fin a la fiebre constructora que se ha desatado en los últimos años y que pone en serio peligro valores paisajísticos y medioambientales.