El proceso de asignación de plazas escolares este año en las Islas ha sido cuando menos polémico. La nueva normativa aprobada por la Conselleria d'Educació i Cultura ha levantado ampollas, para unos por insuficiente para controlar al habitual fraude y para otros por exagerada.
El caso es que ahora, antes de que salgan los listados de plazas definitivas, los colegios públicos disponen de un buen número de pupitres libres, mientras los privados-concertados soportan una gran demanda que no pueden atender.
Cabe preguntarse ante estos hechos por qué la mayoría de los ciudadanos de Balears han optado por llevar a sus hijos a colegios privados. Quizá la clave del asunto se encuentre no tanto en la calidad de la enseñanza como en las características peculiares de algunos centros públicos.
Ocurre que las familias procedentes de un entorno marginal "situación social, cultural y económica precaria" no tienen más opciones que enviar a sus hijos a las escuelas públicas, de forma que hay determinados centros que aglutinan a muchas de estas familias. Ante esta situación, los demás optan por eludir esos colegios y se decantan por otros, aunque supongan un mayor esfuerzo económico, o bien, mayor distancia del domicilio.
Es ésa la razón por la cual algunos centros públicos están muy solicitados "son los que tienen «buena fama»" y otros son prácticamente despreciados, por encontrarse en barriadas llamémoslas «de alto riesgo».
El problema es de difícil solución, pues es perentorio que los niños de entornos marginales hagan uso de su derecho a la educación y a la integración, pero también es comprensible que muchos padres quieran evitar que sus hijos se introduzcan en esos ambientes. Convertir a esas personas en ciudadanos de primera es tarea de los servicios sociales.