Después de recibir toda clase de críticas tras la aprobación de la ley de extranjería, el Gobierno del Partido Popular parece querer dar marcha atrás o bien congraciarse con esa parte de la población que le reclama más humanitarismo a la hora de abordar el problema de la inmigración.
Por eso se ha sacado de la manga una medida improvisada que, aunque favorece a muchos de los afectados, no supone más que un parche a una legislación llena de lagunas. Ahora obtendrán los papeles todos los extranjeros que puedan demostrar que estaban en nuestro país antes del 23 de enero, fecha en que la normativa entró en vigor. Se trata de un «apaño» que legalizará a muchísimos inmigrantes, pero que de nada servirá para aclarar la situación en la que quedan otros miles llegados después de ese día y los que seguirán llamando a nuestras puertas.
En Balears se ha producido un hecho paradigmático de lo que está ocurriendo y es que se han sentado en la misma mesa representantes del Govern, de los empresarios y de los sindicatos para reclamar la legalización de miles de extranjeros que ya viven y trabajan aquí y que se van integrando con normalidad. Lo lograrán, gracias a la medida del Gobierno de Madrid, pero nada se dice de los demás, los que llegaron después y que, igualmente, tienen un empleo. Sin embargo, no hay que olvidar lo que puede ocurrir cuando se acaben las ofertas de empleo. Mientras tanto, Balears puede absorber un importante flujo de inmigrantes pero no de forma ilimitada. No intentar regular la situación será perjudicial para todos.
Al Gobierno de Madrid le quedan pocas opciones. La avalancha es imparable y no hay manera de ponerle puertas al campo. Un asunto como éste, con tantas facetas distintas "económica, humanitaria, social, cultural" tiene difícil solución. Europa presiona para que no les dejemos entrar, pero ellos siguen llegando en busca de una oportunidad.