España no descarta de momento ningún tipo de participación en las operaciones de castigo al terrorismo internacional. Lo ha dicho el presidente, José María Aznar, al mismo tiempo que anunciaba que los ministros implicados en el asunto "Interior, Justicia y Exteriores" comparecerán en el Congreso de los Diputados para dar las explicaciones oportunas. Es todo un detalle, después de negarse a consultar al Parlamento antes de prometer ayuda a Estados Unidos en su cruzada contra Bin Laden. Nuestro país conoce desde hace treinta años lo que es enterrar a una persona inocente destrozada por las balas de unos fanáticos y también conoce bien el aislamiento internacional que ha sufrido al respecto. Países como Bélgica y Francia han puesto muchas veces en entredicho las acusaciones españolas sobre algunos terroristas refugiados allí y han negado en varias ocasiones las extradiciones que se les pedían.
Ahora han cambiado las tornas. Todos los países del mundo se sienten amenazados, todos temen tener entre sus ciudadanos un comando oculto que prepare una masacre. Ahora se prometen ayudas, se destinan fondos y se firman protocolos de colaboración a toda prisa. El Parlamento Europeo accede a considerar a ETA como banda terrorista a perseguir desde sus fuentes financieras para estrangular así sus posibles planes de acción. ¿Cuál es la diferencia? Quizá que la víctima esta vez ha sido una nación que siempre se había considerado intocable, que narraba los ataques en primera persona, que presumía de un sistema de inteligencia inexpugnable.
Todo se ha venido abajo y, por fin, se ha tomado conciencia mundial del problema. Ojalá estos movimientos sirvan para atenazar a todos los grupos terroristas del mundo y, de paso, para promover un poco la justicia y la democracia en todas partes.