La lucha llevada por ecologistas, grupos de izquierdas y asociaciones a favor del derribo de edificaciones ilegales es ya antigua. El caso Trancedance es un claro ejemplo de como una construcción sin permiso desafía una disposición legal que tarda demasiado en aplicarse. Han sido diez años de tramitaciones y, aún todas cumplidas, la estructura de ses Salines aún se mantiene en pie, aunque parezca que ya le queda poco.
Es curioso, aunque no sorprendente, que en Eivissa haya tanta edificación ilegal, pero lo es aún más que la demolición del armazón de hierro y hormigón, situado en plena Reserva Natural, esté llamada a ser la primera que se efectuará por orden del Consell Insular, con lo que ello implica de símbolo y principio de una nueva época: la del final de una ley no escrita que decía que en las Pitiüses lo construido era intocable.
La acción de las excavadoras es cuestión de tiempo, ya que una sentencia judicial da la razón a los que la solicitan. El último escollo será el de esperar a que el Ayuntamiento de Sant Josep conceda la licencia de demolición, único paso que separa esta construcción de su fin. El Consistorio dice que falta un documento, aunque el Consell, promotor del derribo, piensa que el proceso está completo. Es, también, un detalles significativo de las relaciones de descoordinación que aún mantienen las instituciones en un contexto territorial en el que, como el del Trancedance, hay muchos otros casos en idéntica situación que requerirán del acuerdo de todos para limpiar los desastres del pasado. Queda mucho por hacer todavía en lo que a ordenación urbana se refiere, un ámbito complejo y cambiante que plantea tantos instrumentos como genera dudas, pero la demolición del primero de los monstruos del pasado es el primer paso dentro de un largo camino hacia el futuro.