La consellera de Sanitat del Govern balear, Aina Salom, se siente «estafada» por el Gobierno central en el proceso de transferencia de las competencias sanitarias a Balears. Cuando el Govern ha mostrado su desacuerdo con la oferta de Madrid, desde allí se le ha exigido que acepte el traspaso bajo la amenaza de quedar fuera del nuevo sistema de financiación autonómica, con lo cual Balears perdería todavía más. Una medida de fuerza que obliga a las autoridades autonómicas a aceptar Sanidad venga como venga, aunque sea pobremente dotada. El PSM, miembro del Pacte de Progrés que gobierna el archipiélago, va todavía más allá y califica la situación de «insultante chantaje político». Cabe decir que la decepción es comprensible, sobre todo porque desde siempre el ciudadano balear ha recibido partidas económicas inferiores a las del resto del país en materia sanitaria y nuestras infraestructuras son escasas y anticuadas, por lo que precisan mejoras urgentes, que Madrid se comprometió en su día a financiar.
Desde el Govern se exige, razonablemente, que Madrid se haga cargo de las inversiones apalabradas para reformar y ampliar Son Dureta y los hospitales de Inca y Maó, pues para las arcas autonómicas serían cifras imposibles de asumir, con lo que los únicos perjudicados seríamos los ciudadanos.
La negociación está siendo difícil y se asegura que se luchará hasta el final. No es, desde luego, la situación ideal para tratar un asunto de tanta importancia como éste, pero, con todo, nuestra Comunitat Autònoma saldrá ganando, porque se parte de un panorama tan mejorable que cualquier cosa es un avance. El ciudadano balear realiza un enorme esfuerzo de contribución a la riqueza del país y merece otro respeto a la hora de tomar una decisión que afecta a sus intereses más directos.