La anunciada fusión "o absorción, según se mire" de las dos plataformas digitales presentes en nuestro país ha provocado una considerable polémica en los mentideros políticos nacionales. Y lo cierto es que el asunto tiene cierto calado. Si bien desde el punto de vista económico parece que la operación "si llega a materializarse" será beneficiosa para las dos empresas implicadas, Vía Digital, auspiciada por Telefónica, y Canal Satélite Digital, del grupo Prisa, que podrán así paliar sus respectivas y cuantiosas pérdidas, surgen otras incógnitas por lo que respecta a los intereses de los usuarios.
Hasta ahora los usuarios han tenido la posibilidad de elegir entre dos ofertas, con unos precios distintos y unos contenidos más o menos diferenciados. Dentro de unas semanas, salvo que el Tribunal de la Competencia o el propio Gobierno lo impidan, el nuevo monopolio de hecho, aunque no de derecho, podrá fijar sus condiciones sin ninguna alternativa, salvo los canales convencionales y las redes de cable. Pero lo cierto es que esta guerra de plataformas ha significado una importante sangría económica para ambas empresas, que para conseguir contenidos de interés se han visto obligadas a efectuar importantísimas inversiones. Al igual que en otros países europeos, las cifras han demostrado la inviabilidad de dos plataformas enfrentadas.
Pero no se puede olvidar el trasfondo político y mediático de la cuestión. Hace unos años desde el PP se defendía vehementemente la necesidad de contar con al menos dos plataformas para garantizar la libre competencia y la pluralidad. Ahora, salvo el ministro Àlvarez Cascos, los demás dirigentes populares adoptan una posición menos beligerante. O han cambiado las circunstancias políticas que en su día alentaron la existencia de un grupo mediático cercano al PP para dar la batalla al grupo Prisa. O simplemente se ha impuesto la contundencia de los números, unos números que Telefónica no ha querido soportar más. Ésta no era su guerra.