Más de cincuenta mil trabajadores de Balears se quedarán sin sus derechos de desempleo como fijos-discontinuos si prospera la reforma del paro que está promoviendo el Gobierno. Se trata de una medida injusta que dejará fuera del actual sistema de protección del desempleo al 85 por ciento de los trabajadores acogidos a esta modalidad contractual en el sector turístico balear.
En este asunto, como suele ocurrir, pagarán justos por pecadores, pues si el Gobierno pretende así cortar de raíz las clásicas picarescas de quienes cobran el paro y hacen chapuzas al mismo tiempo, lo que conseguirá será que muchas familias pierdan su derecho a cobrar el desempleo de forma completamente inmerecida. Y se cree un grave problema social.
Cualquiera estará de acuerdo en que la Administración debe perseguir y castigar los fraudes, sean grandes o pequeños, que, en efecto, se producen en nuestra sociedad, pero no a costa de quien no los comete.
Balears tiene una estructura turística muy peculiar que prácticamente se detiene durante los meses de temporada baja. Es una realidad distinta a la del resto del país y por ello no debe someterse a las mismas exigencias que los demás. Los trabajadores de la hostelería sólo pueden ejercer su empleo durante los meses de la temporada turística y sería preciso buscar otras soluciones si se les retira el derecho al paro que hasta ahora disfrutaban, un derecho que, por otra parte, ya se había recortado en los últimos años.
La pretensión de que durante esos meses tengan que buscar otro trabajo, necesariamente temporal, en una economía como la nuestra, dominada por el turismo, será cuando menos complicada, por no decir materialmente imposible.