Ante la falta de acuerdo en algunos sectores clave, el Gobierno ha establecido unos servicios mínimos que los sindicatos, de entrada, ya han dicho que no van a respetar el día de la huelga general, 20 de junio, por considerarlos abusivos, a pesar de que Fomento asegura que son iguales o inferiores a los de la última protesta, en 1994. Ante esta situación, se plantea ya la necesidad de que intervenga la policía para garantizar el cumplimiento de esos servicios indispensables "a juicio del Ejecutivo" para que el país no se convierta en un caos.
Resulta evidente que el Gobierno intenta que ese día las cosas no se salgan del guión, especialmente cuando tiene la responsabilidad de celebrar una reunión de ministros de Economía de la UE en Madrid y una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Sevilla.
Ante ese intento de transmitir tranquilidad, los sindicatos alegan que se trata de obstaculizar el derecho a la huelga. Unas posiciones diametralmente opuestas que ponen de manifiesto el abismo que separa a unos de otros. Entre ellos se encuentra el ciudadano, que se verá ante serios problemas durante esa jornada, lo mismo en el transporte que en la sanidad, la educación o la recogida de basuras.
En un caso como éste hay que exigir a los sindicalistas y a los huelguistas que cumplan escrupulosamente los servicios mínimos pactados. Y en cuanto a los no pactados, habría que pedir cierta capacidad de adaptación por parte de todos. Sería muy lamentable que en el acaloramiento de una jornada reivindicativa se tomaran decisiones poco juiciosas.
En la jornada del 20-J hay que respetar dos derechos: el de los que quieran secundar la huelga y el de quienes quieran trabajar. En ambos casos, con total libertad.