El lunes comienza el proceso para ilegalizar Batasuna. El pleno del Congreso decidirá la aplicación de la Ley de Partidos, que contará con la abstención de IU y de CiU y el voto en contra de PNV. Después, el Gobierno adoptará la decisión de presentar la demanda de ilegalización al Tribunal Supremo. Para ello, se basa en un contundente informe jurídico presentado por el Ministerio de Justicia, en el que se detallan 23 cargos contra Batasuna: amenazas, ausencia de condenas de atentados, colocación en balcones municipales de pancartas a favor de ETA y participación de militantes con historial delictivo en sus órganos de dirección, entre otras actuaciones.
Los demócratas han esperado durante años que Batasuna se desligara de los brazos de la organización terrorista y que aceptara los principios constitucionales. El tiempo se ha agotado y la ciudadanía exigía ya una respuesta firme, dentro del más escrupuloso cumplimiento de las reglas del Estado de derecho. El sumario abierto por el juez Garzón y la Ley de Partidos confluirán en un punto: la suspensión de actividades de Batasuna. No es coherente que se persiga policialmente a ETA mientras sus representantes políticos trabajan dentro del marco legal codo con codo con los terroristas. España no será el primero de los paíes europeos que ilegaliza un partido. Francia lo hizo con once partidos, el último hace un mes, y Alemania con dos formaciones políticas y 23 asociaciones.
Se ignoran cuáles serán las consecuencias de la ilegalización de Batasuna, pero se sabe a ciencia cierta que ETA no va a renunciar a causar dolor y sufrimiento, sea HB legal o ilegal. Se podra discrepar del procedimiento utilizado por el PP y PSOE, y criticar su incapacidad por entender los nacionalismos democráticos, pero la complicidad de Batasuna con ETA sólo puede tener un final: su ilegalización.