En 1998 el Gobierno del Partido Popular aprobó una nueva ley del suelo, que en la práctica casi lo liberalizaba, aduciendo un argumento que el tiempo se ha encargado de mostrar como absolutamente erróneo. Se pensó que con la salida masiva a la venta de suelo urbanizable se podrían construir más pisos, controlándose así el precio de la vivienda que en el fondo era el objetivo perseguido. Los hechos se han encargado de probar que el criterio del Gobierno de Aznar carecía de base sólida.
Se han construido, y vendido, más pisos que nunca y pese a este incremento de la oferta, los precios por metro cuadrado han subido el 53% desde 1998. Se trata, pues, de una ley que no sólo no contribuyó a mejorar la situación "en el ejercicio de 1998 el valor de las tasaciones de suelo urbano había sido incluso más bajo que un año antes" sino que la empeoró. En España se están vendiendo hoy más terrenos urbanos que nunca y, por añadidura, más caros, como prueban los recientes informes del Banco de España.
Dejando de lado las frívolas interpretaciones presentadas por distintos miembros del Gobierno, que apuntan que esa fiebre especulativa traduce una bonanza económica, aquí hay que decir que el más completo descontrol preside en este momento el mercado. Hasta el punto que resulta en ocasiones muy difícil saber a qué precio se vende exactamente el suelo, ya que no tiene limitación y sus propietarios son muy libres de venderlo al mejor postor. Polémicas aparte "el Gobierno anda enzarzado en discusiones con ayuntamientos y comunidades autónomas" el Ejecutivo debería hacer un esfuerzo para intentar controlar la situación, no añadiendo nuevos errores al original de la aprobación de una ley que ha desembocado en el actual estado de cosas.