El Gobierno ha decidido, a través del Ministerio de Justicia, evaluar el desarrollo del trabajo en los juzgados de Eivissa y Palma para acotar en qué términos debe desarrollarse el Plan para la Implantación de los Juicios Rápidos, una ambiciosa iniciativa que debería aligerar la presión de casos que llegan a los juzgados al preveer su resolución en un plazo de entre 72 horas y quince días.
El proyecto es interesante y el que se estudie la evolución de juzgados tan sobrecargados como los mencionados supone la constatación por parte del Ejecutivo de una problemática que ya se arrastra desde hace demasiado tiempo.
Pero también hay que llamar a las cosas por su nombre y los juicios rápidos no serán la panacea prevista si no se tienen en cuenta otros factores, uno de los cuales, si no el más importante, es la dotación de medios a las instituciones que deben desarrollarlos.
La falta de espacio en los juzgados de Eivissa ya ha adquirido los visos de ser un mal endémico de difícil solución. El desplazamiento del Juzgado de lo Social a la calle Gaspar Puig y la habilitación de los bajos del edificio judicial para acoger al Juzgado de Instrucción número 7 así lo demuestra.
Pero otras cuestiones pueden entorpecer también la puesta en marcha de la iniciativa. Entre ellas se encuentra la del tiempo. Actualmente, las guardias de los juzgados son, precisamente, de 72 horas y, en los meses de verano, son muchos los días en los que la puesta a disposición judicial de numerosos delincuentes impiden de hecho el que se pueda dedicar tiempo a cuestiones como celebrar juicios.
Como siempre habrá que esperar, aunque con la esperanza de que en esta ocasión se ponga el remedio antes de que la implantación del proyecto en 2003 lleve directamente hacia otro callejón sin salida.