El proceso de ilegalización de Batasuna sigue su curso, después de que el Tribunal Supremo comenzara las deliberaciones de la sentencia que deberá dictar a primeros de abril, según establece la Ley de Partidos. Una situación que desde las filas del nacionalismo se ve como irregular y hasta ilegal y que pretende combatirse por todos los medios jurídicos existentes.
Alegan en el PNV -las protestas de la propia Batasuna no merece la pena comentarlas- que la Ley de Partidos destroza las reglas del juego democrático, dejando fuera de las urnas a una opción ideológica a la que están adscritos muchos ciudadanos que, de esta forma, quedarán sin representación municipal y autonómica de cara a las elecciones de mayo.
En esta argumentación tienen razón, pero no se puede olvidar que un partido vinculado al terrorismo, e incapaz de condenar los atentados, también rompe esas reglas. ¿Y qué decir de todos esos ciudadanos vascos que desean votar al PP o al PSOE y se ven imposibilitados porque sus candidatos se juegan la vida y desisten de presentarse a las listas?
Así que a la postre lo único claro de todo este asunto es que la situación política en el País Vasco no es normal, ni madura democráticamente, ni sana socialmente. Y esta Ley de Partidos y el Pacto Antiterrorista que firmaron en su día los grandes partidos nacionales pretenden empezar a normalizar esa realidad.
Que lo consiga no será tarea de un día, desde luego, y quizá sean necesarios varios cambios generacionales para que empecemos a ver los resultados. Pero por el momento la odiosa kale borroka prácticamente ha desaparecido y parece que el terrorismo etarra está también en horas bajas. Por ahí se empieza, aunque, por desgracia, en cualquier momento un atentado puede traer de nuevo el dolor y la muerte.