Algunas decisiones judiciales tienen la capacidad de convencer a la ciudadanía de que la Justicia no es igual para todos en este país y que, aquí, los ladrones de guante blanco gozan de unos privilegios que al resto de los mortales se les escapan.
Acaba de suceder con la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra los «Albertos», los ex banqueros Alberto Cortina y Alberto Alcocer, declarados culpables de delitos de estafa y falsedad en el conocido como «caso Urbanor», por los que tendrían que cumplir tres años y cuatro meses de cárcel. Una condena que a cualquiera cuyo nombre sea perfectamente anónimo y su vida completamente ajena a los ambientes que salen en las revistas del corazón le supondría el ingreso inmediato en prisión para saldar sus deudas con la sociedad.
Pero en este caso, como en tantos otros de cierta notoriedad que se han registrado en los últimos años, los condenados han solicitado un indulto al Gobierno y, sorprendentemente, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido suspender la entrada en prisión hasta que se resuelva la petición, al tiempo que la Fiscalía y los abogados de la acusación particular han desistido de la idea de recurrir semejante iniciativa.
Así las cosas, los dos ex banqueros disfrutarán de total libertad mientras se decide su futuro, cuando otros condenados por delitos menos graves se ven abocados sin remisión a la cárcel. Nos queda el consuelo de que, al menos, la mayor parte de las indemnizaciones a las que fueron condenados los «Albertos» ya han sido abonadas a los socios minoritarios que fueron estafados, unos 25 millones de euros, aunque todavía les queda por pagar los intereses generados. Y falta por ver qué postura adopta el Gobierno.