La situación política en el País Vasco empezaría a parecer un vodevil si el asunto no fuera de tanta gravedad. Mientras el plazo dado por el Tribunal Supremo al presidente del Parlamento autonómico para disolver el grupo parlamentario de Batasuna va corriendo, Juan Mari Atutxa es incapaz de buscar una salida razonable. Su propuesta, avalada por la Mesa del Parlamento vasco, y que iba dirigida a cumplir lo dictado por el Alto Tribunal, fue rechazada luego por la Junta de Portavoces al votar en contra PNV, EA y Sozialista Abertzaleak. Curiosamente, tanto PN como EA habían aprobado el día anterior la propuesta del presidente de la Cámara autonómica. En realidad todo era un ardid para evitar a Atutxa las consecuencias que puede acarrearle la negativa a acatar una decisión judicial.
La cuestión no debe plantearse como un conflicto de competencias entre dos poderes. Hay una sentencia firme y simplemente hay que cumplirla. Lo que pide el Supremo no es que expulse a los parlamentarios de Sozialista Abertzaleak libremente elegidos por los votantes vascos, sino que se disuelva su grupo parlamentario y pasen al grupo mixto. Algo lógico si tenemos en cuenta que la formación política ha sido ilegalizada por sus relaciones con el terrorismo.
Con este embrollo político-judicial las tensiones entre Vitoria y Madrid no han hecho más que aumentar y por eso hay que acoger con interés la oferta de Ibarretxe para reanudar el diálogo institucional entre Aznar, Rodríguez Zapatero y él mismo, pues está claro que falta comunicación entre unos líderes que representan los intereses de millones de ciudadanos. Lo malo es que el momento elegido no podía ser peor y quizá sólo un gesto por parte del nacionalismo vasco podría abrir algunas puertas a la necesaria reanudación de las relaciones con un Gobierno central poco dado al diálogo y al acercamiento con el PNV.