Con el fin de la temporada turística llega la hora del balance. Empresarios del sector turístico y particulares han coincidido en los últimos días de manera casi unánime en que el verano de 2003 en las Pitiüses ha estado marcado desgraciadamente por la creciente criminalidad. Robos en la calle, asaltos a casas particulares, barcos desvalijados y mafias de delincuentes extranjeros han sido una constante a lo largo de estos meses que ha provocado incluso movilizaciones vecinales, como en el caso de ses Figueretes o Sant Antoni. Así las cosas, a día de hoy se puede afirmar que los dispositivos policiales activados desde la Dirección Insular han resultado insuficientes y que el trabajo de los agentes, a los que poco o nada se puede reprochar, ha ofrecido escasos resultados.
Quizás una de las razones por las que exista este clima de inseguridad e insatisfacción por parte de los empresarios sea la que apuntó el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de las Pitiüses, Eduardo Duque, cuando afirmó que la Justicia debería ser más estricta con delitos como los hurtos o pequeños robos, que la mayoría de las veces quedan impunes y que, no nos olvidemos, afectan sobre todo a los turistas. La batalla para combatir la delincuencia no radica sólo en incrementar el número de efectivos policiales, algo por otra parte necesario ahora mismo en las Pitiüses; también tiene que llegar desde los estamentos judiciales para evitar, por ejemplo, la injusticia de la reincidencia o la de condenas a destiempo. Lo acontecido este verano debe llevar a una profunda reflexión por parte de las administraciones para intentar que Eivissa y Formentera recobren el clima de seguridad que debe tener todo destino turístico. La imagen turística está en juego y está claro que este año ha quedado muy dañada. Decisión y dinero por parte de las autoridades políticas pueden, esperemos, restituir la seguridad.