La inusitada expectación provocada en su momento por el asesinato de Rocío Wanninkhof, el posterior de Sonia Carabantes, y la reciente detención del presunto asesino de ambas, Anthony King, dan pie a una reflexión sobre nuestro sistema judicial cuyo objetivo último sería que no se repitieran ciertos errores que se han dado en todo este asunto. En primer lugar debería analizarse la conveniencia de que en determinados procesos se cuente con la participación de un jurado popular.
Y en este sentido cabe decir que el que se siguió contra Dolores Vázquez por el asesinato de Rocío Wanninkhof no parecía precisamente idóneo para que en él se contara con un jurado de estas características, admitida la relevancia social que el caso alcanzó y que podía hacer sospechar desde el principio que a la hora de dictar un veredicto se perseguiría más una venganza inmediata que un acto de justicia.
La existencia de un imperativo legal que adscribe al juicio de algunos delitos el concurso de un jurado debería revisarse a fin de que el concurso de dicho jurado no se hiciera necesario en determinados supuestos. Toda ley es susceptible de revisión y lo deseable es que llegue a ser lo más perfecta posible, admitidas siempre las humanas limitaciones. Anunciada desde el Gobierno la futura reforma de la Ley del Jurado, entendemos que éste, amén de otros, es el primer aspecto al que se tendría que atender.
Y conste que tampoco se puede dejar de tener presente, en el caso al que nos referimos, que la condena que recayó sobre Dolores Vázquez vino precedida de unas diligencias policiales, una instrucción judicial y una acusación fiscal, que nadie podría calificar de modélicas. Lo que en ningún momento fue óbice para que un jurado popular ganoso de encontrar un culpable se inclinara por la culpabilidad de quien al parecer no lo era.