Las polémicas filtraciones a la prensa de algunos episodios narrados en el sumario judicial que investiga los atentados del 11 de marzo en Madrid han propiciado un terremoto político. Porque en un asunto de este calado hay algo más que investigación policial. Hay política, y mucha. Porque al fatítico 11-M le siguieron aquellos tres días de confusa información oficial y, finalmente, un 14-M de resultados sorprendentes.
Pues ahora parece que durante aquellas largas horas se trenzaron distintas tramas, unas delictivas, otras policiales y otras más políticas. Hoy la Justicia se ha hecho cargo de la investigación policial, y ahora el PP exige que también haya en el Congreso de los Diputados una comisión sobre aquellos hechos.
¿Qué motivos puede tener el Partido Popular para pedir ahora esta comisión? Por un lado la lógica necesidad -todos la tenemos- de saber con certeza qué pasó y por qué. Y por otro, porque sospechan que el PSOE aprovechó la conmoción nacional que sufría el país aquellos días de marzo para conspirar políticamente contra el PP.
Sea como fuere, lo deseable es que se formalice cuanto antes esa comisión, que investigue sin trabas -hasta ahora las que se formaron sobre el «caso lino» y «Gescartera» no dieron resultados nada positivos-, que se llame a declarar a todo aquel que tenga algo que decir y que, sin prisas y sin presiones, se alcance algo de luz.
Pero para nosotros, los ciudadanos, lo primordial no es saber qué implicaciones políticas tuvo aquel suceso. Lo importante es detectar los fallos en el sistema de seguridad nacional para ponerles freno. De lo contrario la oportunidad de saber qué pasó y por qué puede perderse en un rifirrafe estéril.