Una Unión Europea más amplia que alcanza ahora los 25 Estados y que contará con dos más en un futuro próximo requiere obviamente una Constitución que proteja los derechos de los ciudadanos, defina con claridad las competencias de esos Estados y de la propia Unión, impulse la integración europea y facilite el normal funcionamiento de las instituciones a fin de evitar su bloqueo. Y este último es precisamente uno de los puntos capitales de la reforma propuesta sobre la que está previsto llegar a un acuerdo antes del próximo 18 de junio.
No deben ser posibles situaciones pasadas en las que una minoría podía fácilmente bloquear decisiones que a todos convenían. El fracaso de la cumbre europea de diciembre pasado, debido esencialmente a la intransigente actitud del Gobierno español y del polaco, y también a la pésima gestión de la negociación por parte de la presidencia italiana, muestra a la inversa el camino a seguir. Un camino abierto en gran medida por la nueva postura del Gobierno español tras las elecciones de marzo, lo que ha permitido que la postura de Polonia estuviera condenada al aislamiento.
Todo proyecto político moderno debe contar con un sustento constitucional lo más avanzado posible, que prime el principio democrático básico: el poder de los más sobre los menos. Y de eso se trata si de una vez por todas se aspira a lograr una Europa política, no sólo comercial y económica.
Ya tenemos el gran supermercado, ahora es necesario sentar las bases que permitan el gran gobierno europeo convertido en el instrumento ejecutivo de las opiniones y propuestas procedentes de las instituciones supranacionales.