Mañana termina el plazo dado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al Gobierno sudanés para desarmar a los radicales progubernamentales Yanyauid, milicias árabes causantes de una masacre cifrada en más de 50.000 muertos y más de un millón de refugiados. Sudán ya ha anunciado que no hará caso de la amenaza implícita de Naciones Unidas y que continuará las negociaciones de paz en el seno de la Unión Africana, una paz que tardará en llegar porque el desacuerdo se trasladó, incluso, al establecimiento del orden del día en las primeras reuniones. La posibilidad de que frene la violencia ha provocado el regreso de unos cien mil refugiados a Jartum (oeste de Sudán), familias enteras que regresan a su país y que precisan de una ayuda internacional que no acaba de llegar en su totalidad. El Gobierno sudanés insiste en que no quiere dejarse presionar por la ONU, pero, sin embargo, acepta ciertas presiones de los radicales árabes a la hora de establecer los compromisos para la paz definitiva.
Queda en el aire qué hara la ONU ante la respuesta del Gobierno sudanés. La amenaza de una sanción económica, si no se desarman las milicias, puede ser una realidad si el Consejo de Seguridad no acepta el nuevo marco negociador elegido por los sudaneses. El día 30 es clave para el futuro de Sudán porque las milicias árabes seguirán armadas y, casi con seguridad, no se habrá alcanzado un acuerdo de paz entre el Gobierno y los rebeldes. Tal vez la situación mejore si Sudán consigue las condiciones necesarias para que llegue a su país, con garantías, la ayuda internacional preparada para ayudar a sus refugiados. De otra manera, la ONU deberá ratificarse o ampliar el plazo para llegar a un acuerdo de paz entre las partes.