El Gobierno abrió ayer un período excepcional para la regularización de inmigrantes que lleven empadronados, cuando menos, desde el mes de agosto de 2004 y que presenten un contrato de trabajo. Una de las características del proceso es que tiene que ser el empleador el que realice los trámites. Tal vez por ello y porque el plazo es de tres meses, ayer no se produjeron grandes colas en las oficinas que deben encargarse del mismo. Es cierto que la medida se ha visto con bastante recelo por parte de algunos de nuestros socios comunitarios. Francia, Alemania o el Reino Unido, de hecho, han reconvertido sus leyes sobre inmigración y las han endurecido. En el caso de España, las nuevas medidas pueden tener efectos beneficiosos. El primero de ellos, sacar a la luz toda una economía sumergida y acabar con la incertidumbre en la que viven cientos de miles de personas. Y, en segundo lugar, y eso es bueno para todos, se incrementará el número de cotizantes a la Seguridad Social. A pesar de ello, esto no significa en absoluto que se resuelva el problema de la inmigración y, paradójicamente, puede darse el caso de que esta medida destinada a solucionar el problema produzca el denominado «efecto llamada», con las previsibles negativas consecuencias que de ello se derivarían.
En cualquier caso, es evidente que mientras no se resuelva la situación de los inmigrantes en su origen mismo no acabaremos con el drama por el que pasan cientos de miles, millones de personas que abandonan sus hogares para encontrar en el incierto horizonte un mejor futuro. Además, si la economía española entrara en un período de crisis, las consecuencias, no ya sólo para los inmigrantes, sino para todos, podrían ser del todo imprevisibles.