Cuando Ibarretxe abrió el melón de las reformas estatutarias nadie podía imaginar el revuelo que se iba a formar, porque, lógicamente, las diecisiete comunidades autónomas aspiran a alcanzar una mejora sustancial de su financiación. Balears, la comunidad más solidaria con el resto de España, pretende equiparar sus derechos en materia económica a lo que exige Catalunya, que a su vez mira hacia el modelo vasco y navarro de concierto económico.
Parece, en cambio, que las ideas del Gobierno de Zapatero no van por ahí y se pretende «conceder» a Catalunya una financiacion a medida. Para el resto, el ministro Solbes plantea posturas completamente inasumibles si queremos abordar el tema con seriedad.
El principal problema de las autonomías es su escaso margen de financiación, al tener cedidos desde el Estado sólo la captación de algunos impuestos. El resto debe venir de Madrid y siempre lo hace con cuentagotas. Las comunidades -como le ocurre ahora a Balears sobre todo en educación, sanidad e infraestructuras- se ven obligadas a recurrir al endeudamiento para sacar adelante sus proyectos.
Ofrecer algunos tramos más del IRPF, como ha hecho Solbes, no compensaría en absoluto perder la recaudación del IVA, como pretende el ministro. Así que las posturas de unos y otros, a priori irreconciliables, tendrán que acercarse a base de diálogo y paciencia. Las particulares circunstancias de Balears, que añade a la insularidad un altísimo porcentaje de inmigración, obliga a ser muy exigentes y exigir que, paralelamente a la reforma del Estatut, nuestra Comunitat Autónoma consiga, de una vez, una financiación adecuada. Mientras no se resuelva esta cuestión, seguiremos teniendo sólo un simulacro de autonomía.