La llegada del nuevo año ha traído consigo la nueva 'ley antitabaco' del Gobierno central, que en su primer día de teórica aplicación ya ha suscitado en Balears algún que otro problema por las contradicciones entre la nueva norma y la pionera ley de drogodependencias autonómica. Mientras la primera establece que los locales de superficie inferior a los cien metros cuadrados deben determinar si son para fumadores o espacios libres de humos, la segunda obliga a que los locales pequeños habiliten unas mesas para no fumadores y, en caso de no poder hacerlo, deben prohibir fumar en su interior. Esta normativa autonómica está preocupando a los dueños de los bares, que se plantean si para ellos es mejor la ley nacional, que les permite a ellos el poder elegir entre permitir fumar o no.
El conflicto y la contradicción entre ambas normativas ha hecho, pues, que se extienda la confusión. No sucede lo mismo con los locales mayores de 100 metros, que tienen ocho meses por delante para adecuar sus instalaciones y habilitar un espacio para fumadores con ventilación independiente. Y habrá que ver lo que acontece en los centros de trabajo a partir de hoy, primer día laborable en el que debe aplicarse la nueva ley.
Es evidente que el objeto de la norma debe ser la protección de la salud y que, por tanto, debe primar el derecho de los no fumadores. Por ello, sería conveniente que el asunto no acabara convirtiéndose en un caballo de batalla entre el Govern balear y el Gobierno central.
Otros países, como Italia o Irlanda, han implantado leyes similares antes que España y no ha habido ningún tipo de conflicto, aunque para ello las Administraciones públicas deben renunciar a todo cuanto no sea trabajar en favor del bienestar de la población. Dicho lo cual, es conveniente que también se tenga en cuenta que el tabaquismo es una adicción y como tal debe ser tratada, destinando a ello medios similares a los que se utilizan en otro tipo de dependencias.