El Comité de la ONU contra la Tortura acaba de condenar al Gobierno de Estados Unidos por los abusos que cometen sus servicios secretos y fuerzas militares en el marco de la lucha antiterrorista. Los expertos independientes que vigilan el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre la materia han concedido a Bush un año de plazo para adoptar las necesarias medidas correctoras al respecto.
Lamentablemente, no es de esperar que ello se produzca, admitida la contumacia de los gobernantes norteamericanos a la hora de argumentar que sólo están obligados a cumplir la prohibición de tortura en el territorio de los Estados Unidos pero no en el exterior del país y en situaciones de guerra. Un argumento que se desmonta por sí solo ya que aceptarlo equivale a dar por bueno que la tortura pueda estar justificada en determinadas circunstancias. Las más recientes noticias de matanzas de civiles perpetradas por las fuerzas de ocupación en Irak y la constatación de que en ciertas regiones de ese país está teniendo lugar una auténtica limpieza étnica conveniente a los intereses norteamericanos refuerzan la contundencia del varapalo propinado por la ONU a la Administración Bush.
Se puede decir, pues, sin la menor reserva que en este sentido la política exterior de Washington carece de legitimidad, puesto que el derecho interno de un país debe ceder ante el derecho internacional. Es hora ya de que, siguiendo la recomendación de la ONU, se promulgue en Estados Unidos una ley federal que castigue la tortura conforme a la norma consagrada en las convenciones internacionales y no en interpretaciones basadas exclusivamente en la propia Constitución norteamericana.