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Editorial

A cargo del consumidor

Las conclusiones del informe llevado a cabo por una empresa europea sobre el efecto de los hurtos en las cuentas de los comercios no pueden resultar precisamente estimulantes a ojos de la mayoría de los consumidores. Principalmente porque son ellos quienes pagan el pato, sin tener en muchos casos nada que ver con la cuestión. Ciñéndonos al caso de España, el informe cifra en una cantidad cercana a los 2.000 millones de euros las pérdidas causadas por los rateros de ocasión, cantidad que incluye amén del valor de lo robado los gastos de una seguridad -especialmente en grandes superficies- que a la cuenta no surte los efectos deseados. El cliente español paga, de una u otra forma, 50 euros al año para enjugar la pérdida que los propietarios de los comercios sufren por este concepto. Algo que de por sí ya es discutible, lo es aún más al constatar que en el aludido informe se establece que una cuarta parte de las sustracciones la cometen los propios empleados de los establecimientos. Si a ello le añadimos que en el montante de las pérdidas también se engloban los hurtos de los proveedores (7%) y los denominados errores internos (15%), lo cierto es que la situación no tiene casi nada de lógica. Una vez más estamos ante un caso en el que el consumidor, verdadera madre del cordero, se erige en víctima. Entendemos que no resultaría excesivamente complicado paliar la carga que hoy recae sobre quien tantas veces es ajeno a ella, ese cliente honrado que abona religiosamente los productos que se lleva a su casa. Para empezar, cabría elaborar planes de seguridad más eficaces, dotándolos del personal necesario a fin de impedir que los ladronzuelos se salieran con la suya. Por otra parte, tampoco estaría de más una revisión del aspecto penal que a día de hoy sólo contempla en estos casos la imposición de una pequeña multa a quien es cogido in fraganti, siempre y cuando el importe de lo sustraído no supere los 400 euros, cantidad a partir de la cual la acción deja de ser falta para convertirse en delito. Medios para llevar a cabo todo ello, los hay, ahora falta la voluntad de ponerlo en práctica.

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