l proyecto de Ley de Memoria Histórica que se tramita en el Congreso de los Diputados, una de las iniciativas emblemáticas del Gobierno socialista para la presente legislatura, pasará la próxima semana a la Comisión Constitucional tras las modificaciones introducidas surgidas de la negociación entre diferentes formaciones políticas.
Con independencia de un texto que todavía no ha finalizado su tramitación legislativa, el proyecto de Ley de Memoria Histórica adolece de una condición básica en una cuestión tan delicada: el consenso. Desde el primer momento, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha manifestado su rechazo a una propuesta en los términos en que se ha planteado desde el Gobierno por considerar que reabre viejas heridas mientras que, por el contrario, grupos como Esquerra Republicana de Catalunya lo consideran insuficiente para compensar a las víctimas del franquismo.
No se trata de desenterrar viejos fantasmas de la Guerra Civil, pero sí de honrar la memoria de las víctimas de la represión franquista, pero sin olvidar que en los dos bandos se cometieron atrocidades.
Un texto de estas características debería poderse interpretar como un gesto de concordia, con un espíritu similar al que presidió la etapa de la Transición. Al quedar fuera de esta ley, el PP comete un grave error. El partido de Rajoy no puede dar la imagen que se resiste a condenar lo que significó el régimen de Franco y, a la vez, negarse a que se haga justicia, tantos años después, con miles de víctimas inocentes, represaliadas por ser leales al Gobierno legítimo.
La Ley de Memoria Histórica debería aprobarse con los votos de todos los partidos, pero si no es posible, no se puede retrasar más tiempo una ley que haga justicia a tantos perdedores, a los que murieron fusilados, a los que fueron encarcelados, a los que tuvieron que exiliarse, a los represaliados y a los que vivieron condenados al silencio y al olvido. Se merecen esta ley.