Han tenido que transcurrir cinco días para que el Gobierno haya decidido romper el bloqueo a Balears en el suministro de alimentos procedentes de la Península como consecuencia de la huelga de transportistas, los cuales habían paralizado los embarques en los puertos de Barcelona y València. La anunciada decisión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de garantizar la protección de la Policía y la Guardia Civil a los convoyes dispuestos a atender los pedidos -en especial de productos frescos y perecederos- ha dado un respiro a las grandes cadenas y centros de distribución, cuyos responsables ya advertían que las posibilidades de atender la demanda estaban llegando al límite.
En primer lugar hay que dejar constancia de que la reacción del Gobierno llega tarde, probablemente impelida por la gravedad de los incidentes ocurridos en distintos puntos del Estado y la oleada de indignación popular ante la manifiesta pasividad de los responsables políticos ante la actitud -cada vez más violenta- de los piquetes. Al fin y a la postre, era desde el primer minuto que tendría que haber quedado garantizada la libre decisión de aquellos transportistas que no querían secundar el paro y, muy en especial, el abastecimiento de las Islas que, por fortuna, no ha sufrido las consecuencias más dramáticas de la huelga gracias a que el sector no secundó la convocatoria.
Todo indica que Balears ha logrado romper el aislamiento y, a la espera de la resolución definitiva del conflicto, la situación tiende a la normalización. Afortunadamente. De todos modos lo razonable sería que lo ocurrido sirviera de experiencia para evitar su reedición en el futuro, mientras queda pendiente la necesaria reforma de la Ley de Huelga para que el ciudadano no quede desprotegido.