La aceptación de los recursos presentados por el Gobierno y el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional ha supuesto la suspensión, provisional, de la convocatoria del referéndum promovido por el lehendakari Juan José Ibarretxe. De este modo se abre un plazo de cinco meses para la revisión o no de la paralización de la convocatoria formulada mediante una ley del Parlamento Vasco, la cual fue aprobada con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y un voto del pro etarra Partido Nacionalista de las Tierras Vascas; imprescindible este último para lograr la mayoría.
Desde el Gobierno central, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega ha expresado su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional "la suspensión de una ley autonómica es preceptiva cuando se interpone un recurso gubernamental", al tiempo que reiteraba la inconstitucionalidad de la consulta que promueve Ibarretxe.
El lehendakari está dando pruebas de que se trata de un político correoso, el cual ve en este referéndum un auténtico salvavidas político para el Partido Nacionalista Vasco, formación en la que ya se alzan voces "como la del alcalde de Bilbao" en contra de la estrategia de confrontación permanente con el Estado que mantiene Ibarretxe.
La inconstitucionalidad del referéndum que pretende Juan José Ibarretxe es de libro, la competencia para este tipo de convocatorias es exclusiva del Gobierno, pero es que, además, se enmarca en un contexto político inaceptable al pretender llevarlo a cabo en un clima de violencia terrorista y sin ningún tipo de consenso político mayoritario. Por tanto, lo que plantea el lehendakari es rechazable desde la óptica legal y, también, desde la ética. En este contexto todo indica que la única salida razonable es adelantar las elecciones.