El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, presentó ayer la fórmula que aplicará el Gobierno para favorecer el regreso de los trabajadores extracomunitarios en paro a sus países de origen. La medida, de un modo resumido, permitirá acumular el cobro del subsidio de desempleo en dos plazos, el primero del 40 por ciento en España y el resto una vez se haya comprobado el retorno. Aquéllos que se acojan a esta iniciativa no podrán volver a trabajar en nuestro país durante los próximos tres años.
No será hasta finales del próximo mes de octubre cuando el Ministerio de Trabajo estará en condiciones de comenzar a hacer efectivos los primeros pagos, que según los primeros cálculos podrían ser solicitados por unos 87.000 trabajadores extranjeros. Corbacho ha asegurado en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros que este incentivo al regreso de los emigrantes tiene voluntad de permanencia y que no responde a un criterio coyuntural, en todo caso resulta obvio que pretende reducir la tensión social derivada de una escalada en las cifras del paro durante los próximos meses.
La cuestión no estriba en si se debe facilitar el regreso a sus países de origen a los trabajadores extracomunitarios que lo deseen, el tema de fondo se centra en la constatación de una política de inmigración clara. El fenómeno migratorio en España ha provocado la adopción de medidas precipitadas de los últimos gobiernos, con independencia de su color político, que ha decidido abrir o cerrar nuestras fronteras buscando el efecto inmediato y no evaluando las consecuencias a medio y largo plazo. Después de haberles invitado a compartir las vacas gordas, ahora, cuando comienzan a adelgazar pedimos a los inmigrantes que vuelvan a su casa. ¿Lo harán?