El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está apurando los plazos para llegar a un acuerdo sobre financiación autonómica, uno de los asuntos que entraña mayor dificultad en tiempos de crisis, pero que es obvio que debe afrontarse y llegar a una solución satisfactoria.
La mayor presión para el Gobierno central viene de Catalunya, donde el PSC junto con sus socios del tripartito, hoy dirigiendo la Generalitat, busca una mayor y mejor financiación acorde con el nuevo Estatut vigente. Mientras que los conservadores del PP recurren al argumento de que se negocia en secreto para ocultar privilegios que rompen el principio de igualdad entre todos los ciudadanos del Estado.
Lógicamente, las diferencias entre comunidades autónomas deben existir no ya sólo por razones de índole cultural, sino por ámbito geográfico (absurda seria una consejería de pesca en una autonomía sin costa), por tasa de población o por el incremento de esta última durante la temporada a causa del turismo. Eso amén de la insularidad, un factor que debiera ser determinante para mejorar aún más y sin demora las condiciones de financiación de Balears.
Y es un hecho que el autogobierno, la proximidad del poder político, redunda en beneficio de los ciudadanos. Por lo que es preciso continuar avanzando en este sentido. Y, naturalmente, para ello es imprescindible que las autonomías cuenten con el dinero necesario para hacer frente a los servicios que deben prestar y a las inversiones que deben ejecutar para modernizar infraestructuras.
En tiempos de turbulencias económicas no es tarea fácil, pero debe encontrarse cuanto antes la mejor solución para todos.