El Govern ha reconocido que planteó en la entrevista celebrada entre Antich y Solbes la posibilidad de buscar un pacto amistoso para el pago de los convenios de carreteras pendientes. El Ministerio de Fomento debe pagar, según sentencia judicial, 333 millones, pero la ministra Magdalena Àlvarez se niega a hacerlo. El asunto es de una gravedad extrema. No se trata de una discusión política. Tampoco hay nada que discutir porque los jueces se han pronunciado con rotundidad. Por lo tanto, sólo hay una salida: pagar los 333 millones de euros. Sin embargo, lo más preocupante es que Àlvarez no acepta abonar el dinero que le corresponde por sentencia judicial y ha dejado de pagar 100 millones de un convenio que está en vigor. Rosa Estaràs dice que el dinero no se pagará, algo que niega Antich, pero los precedentes no invitan precisamente al optimismo. El president del Govern sostiene que en abril se firmará un nuevo convenio, pero el tiempo pasa y las obras no se ejecutan cuando existe una necesidad imperiosa de inversiones. Al margen de disputas entre administraciones, la reivindicación de Balears es de pura lógica. Quienes deben decidir qué carreteras se hacen es el Govern y los Consells, independientemente de quien gobierne, y no el Gobierno central, que simplemente tiene que poner el dinero necesario. Si Balears tuviese una financiación adecuada no haría falta ningún convenio. Simplemente se decidiría aquí y se pagaría con dinero propio.
El anterior Govern cerró un convenio con el Ministerio de Fomento, ejecutó las obras antes del calendario previsto -lo reconocía el propio Antich en el Parlament- y ahí están todas las infraestructuras disponibles. Ahora el Govern quiere hacer carreteras, tiene una clara voluntad de impulsarlas, pero no hay ningún interlocutor válido en Madrid para cerrar las reivindicaciones lógicas para Balears. El bloqueo a los distintos convenios viarios comienza a ser escandaloso.