La detención de la directora del geriátrico Crist Rei de Inca "cuya titularidad corresponde a la Conselleria d'Afers Socials del Govern" junto con la responsable de Enfermería del mismo centro ha causado la lógica alarma no sólo entre los familiares de los ancianos sino también entre la ciudadanía, dada la gravedad de las presuntas irregularidades que son objeto, ahora, de investigación judicial. Malos tratos a las personas internas, falsificación de recetas y venta fraudulenta de medicamentos son algunos de los puntos que deben esclarecerse tras la intervención de la Guardia Civil, que en una nota pública admite haber recibido «numerosas denuncias».
Cabe suponer que nos encontramos ante un caso aislado y que, por tanto, la cuestión no estriba en el modo de gestión del geriátrico Crist Rei, una concesión a una empresa previda a cambio de su construcción, un modelo que la Administración aplica en otros campos para agilizar la prestación de servicios públicos. Con independencia de las responsabilidades penales que puedan derivarse de los hechos denunciados, la Conselleria d'Afers Socials y el resto de instituciones involucradas deben darse las suficientes explicaciones sobre lo que es una incuestionable falta de control acerca de lo que ocurría en el interior de la residencia de ancianos. En este sentido, desde el Ajuntament d'Inca se asegura que había dado traslado a la Conselleria de las numerosas quejas que recibía de los servicios en Crist Rei.
Sin querer provocar un falso alarmismo, desde las instancias sobre las que recae la responsabilidad del control y vigilancia de los geriátricos de Balears debe manifestarse el serio compromiso de que nuestros ancianos están bien cuidados y protegidos de desaprensivos.