En los últimos días han llamado la atención las manifestaciones realizadas por dos altos cargos, el gobernador del Banco de España, Miguel Àngel Fernández Ordóñez, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. Aunque por evidentes motivos diferentes, cuestionando la supervivencia del actual sistema de pensiones y la pasividad de la policía para investigar el entorno de ETA a instancias de la Fiscalía, ambas opiniones "que sus protagonistas han tratado de matizar con posterioridad" han generado una considerable polémica política tanto en el fondo como en la forma del proceder de ambos.
No es la primera ocasión que Fernández Ordoñez difiere de la política económica del Gobierno, pero su previsión respecto a la posible quiebra del actual sistema de pensiones en España ha causado una notable alarma social que ha irritado de un modo muy especial al titular del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que ha negado que exista este riesgo. El planteamiento del gobernador del Banco de España ha sido muy inoportuno en estos momentos de crisis, circunstancia que no significa el tener que rehuir el debate sobre unas prestaciones cuyos recursos no son ilimitados.
El caso del fiscal general del Estado, Conde Pumpido, reviste una especial gravedad. Un foro periodístico no es el más adecuado para lanzar una invectiva contra la policía. El máximo responsable de la Fiscalía puede pefectamente trasladar sus quejas al Gobierno y, en concreto, al Ministerio del Interior sin intermediarios. En el fondo lo que se ha evidenciado es una mala relación con el juez Garzón, que sí recibía la información que le pasaba la policía.
Han errado en las formas o han sido inoportunos, pero en ambos casos han dicho lo que pensaban. A partir de ahora dirán lo que sea políticamente más correcto, pero no dirán toda la verdad, una verdad a veces demasiado molesta que se esconderá a la opinión pública.