La imputación del presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y la consellera de Medi Ambient, Silvia Tur, por la denuncia de un empresario afectado por una decisión suya que impidió la apertura de los bares de playa Giallo y Bianco, ambos en Migjorn, viene a sumarse, con las diferencias evidentes, a las de los muy numerosos casos que se dan en las Islas de políticos que han de concurrir ante el juez para dirimir tal o cual cuestión relacionada con sus mandatos. Salvando la obviedad de que, efectivamente, cualquier ciudadano tiene derecho a recurrir a los tribunales para la defensa de sus derechos o los derechos generales, visto con un poco de perspectiva se está produciendo tal vinculación de la vida política a la judicial que existe un peligro cierto de que la acumulación acabe torpedeando el funcionamiento de las instituciones hasta límites insospechables aún a fecha de hoy. El sistema legal de nuestro país es tan farragoso que la sola asistencia, al margen de las culpabilidades o inocencias, implica un considerable gasto de tiempo, en la práctica una 'amenaza' que puede acabar siendo una coacción en sí misma. Hasta hace unos pocos años la imputación -declaración ante el juez con la asistencia de un abogado para prevenir una posible indefensión del citado en caso de que se deriven posteriores responsabilidades penales- era en el ámbito político una rara avis, pero por una u otra razón se han multiplicado los casos y las denuncias que conllevan esta situación legal para los implicados. Sin embargo, el peligro es evidente y el día en que los políticos vean condicionado su trabajo por la posibilidad de enredarse en cuestiones legales, ese día, la Democracia habrá perdido gran parte de su potencial.
Los gobiernos, fuera de los juzgados