a Conferencia Episcopal Española ha emitido un comunicado en el que solicita a los diputados católicos que voten en contra de la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, por considerar que va en contra de su fe y que aceptar el derecho al aborto «es una fuente envenenada de inmoralidad e injusticia que vicia todo el texto».
El planteamiento de los obispos españoles es excepcional e insólito por cuanto apenas hay precedentes de una apelación a la conciencia católica de los diputados a la hora de apoyar o rechazar una ley, una actitud que aun siendo respetable desde la más pura ortodoxia de las creencias, es inaceptable como clara intervención de la Iglesia en las decisiones políticas. Olvidan los obispos que la reforma que se plantea realizar a la vigente Ley del Aborto no obliga a su práctica, en todo caso amplía y regula sus plazos pero siempre dejando la decisión última e individual a la madre. No parece lógico, por tanto, que la Conferencia Episcopal Española trate de imponer sus criterios al conjunto de la sociedad "por medio de los diputados católicos" cuando ésta, según consagra la Constitución vigente en su artículo 16, pertenece a un Estado en el que ninguna confesión tendrá carácter estatal.
Las opiniones de los obispos merecen ser tenidas en cuenta a título personal, en el ámbito de las creencias íntimas, pero en ningún caso deben ser un pretexto que condicione la adopción de medidas que afecten al conjunto de los ciudadanos, entre los que, como es lógico, existe diversidad de profesiones religiosas e incluso la no profesión de una en concreto. La Conferencia Episcopal Española ha errado y debería rectificar.