El pago por parte de un patronato municipal del suministro eléctrico y de agua al poblado de Son Banya se remonta a los años setenta, en virtud de un convenio entre la asociación gitana y el Consistorio que venía a paliar una situación de exclusión social y pobreza que requería la urgente atención social. Pero a día de hoy, las circunstancias han cambiado de forma notable y hemos asistido a incipientes iniciativas que deberían conducir al desmantelamiento y al realojo de sus habitantes en otros lugares de la ciudad. Porque si algo es evidente es que actualmente Son Banya es un anacronismo en el que se mantienen algunos casos de riesgo de exclusión social y miseria mezclados con potentes clanes de narcotráfico y otras gentes que no requieren que les cubran sus necesidades básicas.
Y lo peor de todo ello es que, con los impuestos del resto de los palmesanos, a todos ellos se les ha estado sufragando el suministro eléctrico con un coste mensual de unos 70.000 euros. Esto ha sucedido con consistorios de diferente color político, por lo que ahora todas las formaciones intentan escurrir el bulto sin asumir que el error cometido es monumental.
No sólo podemos entender que se ayude a quienes están necesitados y precisan de la colaboración de las instituciones, sino que además debemos reclamar que así se haga. Pero no es de recibo que se haya estado pagando la factura de la luz a clanes que han amasado millones traficando con la salud de las personas, vendiendo todo tipo de sustancias estupefacientes, extorsionando y robando sin el menor de los escrúpulos. No es que sólo se haya pagado el recibo a quienes no lo necesitaban, es que, además, se lo hemos pagado a delincuentes.