Esta tarde se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que debe pactar el modelo de financiación autonómica para los próximos años que, en definitiva, supondrá el reparto de 11.000 millones adicionales procedentes de las arcas estatales; una aportación suplementaria para desencallar una negociación política entre el Gobierno y las comunidades que se ha prolongado durante más de un año.
Un factor determinante para cerrar el proceso negociador ha sido la 'soledad' parlamentaria que vivía el Gobierno durante los últimos meses. El desencuentro con los partidos nacionalistas catalanes, en especial con Esquerra Republicana de Catalunya, y la desestabilización que podría acabar provocando, también en el gobierno del tripartito de la Generalitat, se ha resuelto con una fórmula que beneficia de un modo importante a Catalunya "recibe 3.800 de los 11.000 millones que se repartirán el resto de autonomías" y que, como contrapartida, le permitirá al presidente Zapatero afrontar con tranquilidad el resto de la legislatura.
Los comunidades gobernadas por el PP han quedado ante la difícil tesitura de criticar el modelo y aceptarlo como mal menor, conscientes de que en la actual situación es inviable económicamente quedar fuera del sistema. Desde esta perspectiva el éxito del Gobierno es indudable ya que ha logrado el apoyo de las comunidades gobernadas por la izquierda, entre ellas Balears, y conseguir desatascar una cuestión básica en la vigente estructura del Estado. Ahora sólo queda esperar que los nuevos recursos financieros que recibirán las comunidades autónomas acaben en la mejora de los servicios a los ciudadanos, este es el objetivo a cumplir.