Hace casi dos años que, cuando surgió el debate de si debía legalizarse el uso turístico de pisos, el Consell Insular de Eivissa se posicionó absolutamente en contra. En ese momento, se votó en el Parlament una propuesta del Grupo Socialista que pedía, precisamente, que este tipo de comercialización de pisos fuera legal. Gracias a los votos del Grupo Popular, no salió adelante.
Nuestras razones eran claras, y siguen siendo las mismas. Problemas de competencia desleal y calidad respecto a los establecimientos que cumplen la legislación turística; problemas de convivencia en los bloques de pisos; y problemas de distorsión de un mercado de alquileres que, en caso de legalizarse el alquiler turístico, podría enfocarse aún más al turismo de temporada.
A Eivissa no le interesa incrementar la oferta turística sin ningún control de calidad, porque entre otros problemas, aumentaría la ocupación en los meses de más demanda (julio y agosto) y no contribuye en nada a alargar la temporada. Cuando no haya tanta demanda, toda esta bolsa de pisos estará vacía.
A Eivissa no le interesa crear problemas de convivencia en bloques residenciales, donde los turistas tendrán, obviamente, otras prioridades antes que pensar en sus vecinos.
Y a Eivissa, obviamente, no le interesa distorsionar un mercado de alquiler, ya de por sí difícil, para dificultar aún más el acceso a una vivienda, sea de temporada o para todo el año, para los trabajadores y familias.
Hay que recordar que ha sido el PSOE quien defiende que se regulen «los alquileres turísticos de todas las viviendas de forma que esta oferta de alojamiento se pueda llevar a cabo de forma legal», simplemente con una cédula de habitabilidad y un seguro.
El PP, por su parte, no solo se opone, sino que hemos trabajado en este sentido. En el Consell Insular, el mayor número de diligencias y expedientes por temas turísticos iniciados en 2014 fueron, precisamente, por estancias turísticas irregulares (alrededor de un 30% del total). La realidad es que, al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es de ámbito estatal, los pisos se pueden alquilar por meses, por semanas y por días. Pero en ningún caso pueden ofrecerse servicios turísticos y nuestro compromiso es el de seguir luchando y coordinando esfuerzos con la Agencia Tributaria para que se compruebe que estos alquileres son legales, que pagan impuestos, que no se comercializan por canales turísticos y que, en caso de ofrecer servicios turísticos, serán sancionados como corresponde.
Creemos que mantener esta posición y seguir trabajando para que se cumpla la legislación vigente es lo mejor para Eivissa, lo mejor para los trabajadores y lo mejor para lograr un equilibrio entre residentes y turistas, y para la sostenibilidad turística de nuestra isla.