E l Ajuntament de Vila aprobó el lunes por unanimidad una propuesta para poder utilizar los pisos vacíos que tienen los bancos con el fin de que conviertan en inmuebles para alquiler de viviendas sociales. La idea es muy loable y razonable. Todos hemos de estar de acuerdo y todos la apoyamos. Ahora bien, ¿están convencidos los distintos grupos políticos de que tienen instrumentos jurídicos para intervenir en la propiedad privada, en la propiedad de las entidades bancarias? Mucho me temo que el tema no es tan fácil de resolver. Recuerdo que en la primera edición del Pacte de Progrés (1999-2003) Jaume Carbonero, director general de Vivienda, dijo que había que penalizar a todas aquellas personas que tuviesen una vivienda desocupada. Se plantearon una serie de medidas, pero ninguna prosperó. Todo siguió igual porque la ley ampara al propietario. La propiedad privada es privada y las administraciones solo pueden intervenir si el propietario no cumple con sus obligaciones fiscales, es decir, si no paga los servicios o los impuestos municipales. Yo puedo tener una casa cerrada varios años por muchas circunstancias y nadie, ningún gobierno ni ningún alcalde, puede obligarme ni decirme qué debo hacer con mi casa. Es mi casa, la he pagado o la estoy pagando, he cumplido con los impuestos, y solo una expropiación podría quitármela. Ahora bien, siempre se puede llegar a un acuerdo con los bancos, un acuerdo que se me antoja bastante complicado en las actuales circunstancias. Mucho me temo que el problema de la vivienda es mucho más amplio y mientras los propietarios quieran ganar en tres meses el doble de lo que antes ingresaban en un año no hay poco que hacer. Pero la idea de Vila es bonita, aunque no sé si realizable.
Hablaremos en un año