La corrupción en el ámbito público o en el privado es una lacra que debemos combatir todos, pero personalmente considero que es mucho más sangrante en el sector público y en concreto en política. Es indecente que una persona depositaria de la confianza del ciudadano para gestionar los recursos públicos utilice ese poder entregado en las urnas para enriquecerse personalmente, para mancillar una tarea que desempeñan con honestidad y competencia miles de personas en este país y que se ven salpicadas por la falta de ética y escrúpulos de unos pocos.
La corrupción es una amenaza para el sistema democrático. Busca su acomodo en las cloacas de la sociedad y no tiene empacho en servirse de personas dispuestas a corromperse para trepar a lo más alto, para hacer negocio allí donde hay poder y donde fallan los resortes del control Estatal y de los propios partidos. Lamentablemente el PP está sufriendo en sus propias carnes la corrupción y aunque otros partidos como el PSOE, CiU, la extinta Unió Mallorquina no son ajenos a esta lacra, como alcalde ‘popular' no puedo obviar lo que está sucediendo en mi partido. Siento vergüenza y asco. Los comportamientos miserables de quienes han utilizado estas siglas para fines espurios merecen mi más absoluto desprecio y reproche. Es de necios mirar a otro lado y es mezquino esparcir la porquería con un "y tú más", porque estoy convencido de que no se obtienen réditos políticos, sino el reproche más absoluto de un ciudadano harto de tanta indecencia.
Sin embargo, niego que la corrupción política en nuestro país o mi partido en concreto esté institucionalizada y sea generalizada como señalan algunos grupos de opinión. Creo que en España hay miles de personas de todos los partidos que desempeñan su labor de manera honesta, ejemplar y eficiente. Por eso es importante apartar las manzanas podridas de la política.
Todos los partidos deben ser contundentes y transparentes con este tipo de comportamientos cortando de cuajo la parte cangrenada. El PP impulsó la legislatura pasada más de 70 medidas contra la corrupción y la calidad democrática como la reforma de la ley de financiación de los partidos, el endurecimiento de las penas en casos de corrupción y la creación de una oficina de recuperación y gestión de activos para obtener la rápida recuperación de todos los bienes que el delincuente está obligado a devolver. Hay que evitar cualquier tipo de impunidad en política, el ciudadano debe ver de forma clara y nítida que quien la hace la paga y devuelve lo robado o malversado. Los casos de corrupción aflorados demuestran que el Estado de Derecho funciona y que la Justicia, aunque tarde, actúa con independencia de nombres, cargos o siglas, lo que da testimonio de la calidad democrática del sistema.