En una sesión que podríamos considerar histórica se aprobó esta semana por unanimidad, en el Parlament de les Illes Balears, la Ley para la Recuperación de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, inicialmente llamada ley de fosas. Se trata de un texto legislativo que permitirá instar la recuperación de los restos de familiares desaparecidos o bien identificar el lugar en los que descansan.
Qué duda cabe que el derecho a la exhumación de sus restos, sin distinción alguna que valga, es una deuda que la democracia tiene pendiente por pagar y la historia un vacío ético y moral que llenar.
Miles de familiares de desaparecidos durante la guerra civil llevan años buscando los restos de sus seres queridos.
La memoria es vida, recordar nos humaniza y no se puede obligar a los familiares de las víctimas que olviden a los suyos, ni que la sociedad olvide la tragedia vivida en lo fue el episodio más cruel de nuestra historia reciente.
La sociedad y en particular, los hijos o los nietos de la guerra, no tienen que olvidar que en una misma casa, unos tuvieron que combatir de un lado y otros del contrario. Sin más opción, muchas veces, que la obediencia o el fusilamiento.
La sociedad y en particular, los hijos o los nietos de la guerra, vivieron con la incertidumbre por no saber si regresarían a casa algún día sus seres queridos. Después les llegaba la noticia de su muerte. Y finalmente, les tocaba vivir con la incertidumbre de no saber dónde estaban sus cuerpos.
La sociedad y en particular, los hijos o los nietos de la guerra, no tienen que olvidar que la inmensa mayoría fueron víctimas. Y víctimas civiles ajenas al combate, que vieron destruidas sus casas, sus refugios o, incluso, los hospitales donde se encontraban.
Hace pocos días en el Parlamento de las Islas Baleas se consumó un gran gesto de generosidad política y respeto colectivo.
Propusimos, y se aceptó, un cambio en el título de la ley por considerar que la dignificación de las victimes empezaba por ahí, pues la importancia de la ley está en las víctimas y en las razones por las cuales fueron enterradas, y no donde hoy se encuentran sepultadas.
Propusimos, y se aceptó, determinar con más detalle la naturaleza de la mayoría de crímenes por considerar que lo fueron por razones políticas, ideológicas, pero también religiosas, como lo fue el asesinato el 23 de julio del 1936, del sacerdote de Ferreries, Joan Huguet Cardona.
Y propusimos ,y se aceptó también, que se renunciase a mantener rígida y taxativamente la consideración de las muertes como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad en relación con la persecución del responsable, entre otras cosas porque la responsabilidad penal se extingue con la muerte del responsable, porque en España sigue aprobada una Ley de Amnistía de 1977 cuyo objetivo era eliminar determinados efectos jurídicos que pudieran hacer peligrar la consolidación del nuevo régimen, y porque la piedra angular del Derecho Penal reside en el principio de legalidad y sus exigencias de lex previa, lex cierta, lex scripta, lex stricta.
Todas estas propuestas fueron ampliamente aceptadas, fraguándose con ello la unanimidad que requería la aprobación una ley de estas características.
Qué duda cabe que el acuerdo alcanzado entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria no se trata de acuerdo parlamentario cualquiera, sino que del mismo subyace una voluntad inequívoca de cerrar heridas.
Un acuerdo que tiene que servir de ejemplo irrenunciable por todos aquellos que siguen manteniendo posicionamientos irreconciliables. Las cosas no se pueden reducir a un simplismo histórico de buenos y malos.
Hay que cerrar este falso debate político que no beneficia al espíritu de la reconciliación tantas veces invocada. Y si somos capaces de hacerlo, de conseguirlo, sólo después tendremos capacidad para afrontar el presente con el rigor histórico que merece y la madurez que supone superar una etapa desgraciada de la nuestra historia reciente que la mayoría de nosotros, ni hemos vivido, ni hemos sufrido en nuestras propias carnes.
Por lo tanto, sirva este acuerdo parlamentario de ejemplo y lección por aquellas instituciones públicas como el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, donde se ha vuelto a reeditar un debate que ya estaba cerrado, sobre el mantenimiento del monolito de Sa Faxina.
Sirva este debate de ejemplo para que aquellas instituciones públicas levanten monumentos en defensa de la paz colectiva y la reconciliación, y reconviertan el odio y el rencor en fraternidad y concordia.
Recordemos que no fuimos nosotros los que vivimos el drama en primera persona, ni vivimos la guerra, ni el hambre, ni la miseria, ni el peligro, ni el bombardeo, ni la metralla en nuestros cuerpos. A nuestras generaciones y a las futuras nos corresponde honrar la memoria colectiva de todos ellos sin distinción, ni exclusiones que valgan.