La desconexión entre la administración pública y la ciudadanía es cada vez más evidente y preocupante. La falta de pedagogía, si quieren, o de transparencia a la hora de explicar los procesos de contratación de servicios públicos esenciales es absoluta. Lo que está sucediendo con los trabajadores de la limpieza del aeropuerto de Ibiza es una canallada que tiene su origen –conviene recordarlo– en la privatización de servicios primordiales para la sociedad. Nos han vendido las bondades de que empresas privadas compitan por prestar este tipo de servicios, pero la letra pequeña esconde que su ánimo se centra exclusivamente en sacar rentabilidad al negocio aunque sea a costa de trabajadores y «clientes». Ofertas anormales o desproporcionadas, adjudicaciones a la baja... La contratación pública es un misterio para la mayoría de mortales. Y luego pasa lo que pasa.
Es bueno recordar que en 2014 el Gobierno privatizó el 49% de los aeropuertos nacionales con la venta de Aena, gestor aeroportuario que el año pasado declaró beneficios por encima de los 1.000 millones de euros, un 40% más que el año anterior, siendo el aeródromo de Ibiza uno de los más rentables del país. En 2015, Aena adjudicó a KLE los servicios de limpieza en los aeródromos de Ibiza, Menorca y Almería con un importe aproximado de facturación de 4 millones de euros anuales. Solo dos años después, la subcontrata se encuentra en concurso de acreedores, adeuda cuatro mensualidades a sus empleados en Ibiza –cuyas nóminas no superan los 800 euros al mes– y el gestor aeroportuario ha rescindido el contrato tras sus reiterados incumplimientos. Y resulta que por ley, Aena no puede pagar directamente a las trabajadoras pero sí rescatar a una empresa insolvente. De traca.