No creo que nadie se extrañe de que el problema catalán sea hoy el segundo que más preocupa a los españoles. El primero es el paro, pero si lo de Cataluña no se resuelve, seguramente serán los catalanes los que noten que da lo mismo el orden de ambos, porque a más inestabilidad, fuga masiva de empresas, retirada de inversiones, huelgas, menos riqueza y más desempleo. Daños económicos, posiblemente, para más de una década y daños sociales para más de una generación. Pero lo importante del desafío secesionista no es eso, con ser de enorme importancia, sino la cantidad de recursos y de esfuerzos que se están dedicando a eso y la cantidad de esfuerzos y de recursos que se están detrayendo de las cosas que de verdad importan a los ciudadanos.
Desde hace meses, desde que los independentistas decidieron retar al Estado de la nación, fracturar la sociedad catalana y poner en riesgo la convivencia, infringir la legalidad, toda la legalidad, y hasta fugarse para no someterse a la acción de la Justicia, en Cataluña se han derrochado muchos millones de euros y se ha obligado al Estado a gastar muchos más para garantizar algo fundamental como es la seguridad jurídica, pero que podría haberse dedicado, por ejemplo, a crear empleo, a mejorar la educación o la sanidad. Todo eso lo pagaremos, lo pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Y por eso, también tenemos derecho a exigir responsabilidades.
Lo más grave, sin embargo, es la parálisis de todas las agendas políticas y sociales del Gobierno, de los partidos, de los sindicatos y de la patronal. Y el silencio sobre todo asunto que no sea Cataluña. Hasta de la corrupción hemos dejado de hablar. Los sindicatos mayoritarios han denunciado la parálisis de la agenda social y han anunciado movilizaciones a partir del 21-D si no se retoman las negociaciones. Fiar todo a lo que suceda el 21-D es, seguramente, el mayor éxito de los independentistas y un fracaso de todos los demás. De momento no hay espacios para una negociación que no quiere ninguna de las partes. Pero es que, además, está parada la reforma educativa, la de la Justicia prácticamente no ha empezado a caminar, la de las pensiones ni se contempla, el impuso al empleo y una política moderna de investigación están cada vez más lejos porque los partidos están a otra cosa. Y si fiamos todo a la Comisión del Congreso que tiene que pactar una necesaria reforma constitucional, tal vez lleguemos tarde a todo lo demás. De ese pacto ya se han bajado Podemos, machacado por su gestión de la crisis catalana, su liderazgo excluyente y su carencia de proyecto, ERC, que sólo aspira a gobernar Cataluña frente a España, y el PNV, que tiene la mejor situación económica y ningún interés de ser un aliado leal en la construcción de una nación fuerte.