El Ayuntamiento de Eivissa ha sido condenado a pagar 65.097,67 euros, más los intereses correspondientes, a la empresa editora Periódico de Ibiza y Formentera, por la inserción de publicidad institucional en el semanario Prensa Pitiusa entre marzo de 2012 y diciembre de 2014. Los encargos se hicieron y el trabajo también, cosa que hasta ahora se negaba a reconocer el actual equipo de gobierno del consistorio de Vila, con el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Alfonso Molina, a la cabeza. Supongo que tampoco ahora lo reconocerá, pero la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Palma no deja lugar a dudas y solo caben dos opciones: o recurrir o pagar.
Puestas las cosas en su sitio, como suele hacer el paso del tiempo y los tribunales de Justicia, hay que pasar al siguiente capítulo. En democracia, quienes sufren un varapalo en los juzgados deben asumirlo, disculparse y asumir sus responsabilidades. No hay más. No hacerlo así supone que cualquier político puede meter la pata, voluntaria o involuntariamente, y que todo ello quede en la impunidad, sin mayores consecuencias para los responsables. Cuando hay que recordar que pleitear no es gratis, que tiene costes y que ahora son los vecinos de Vila quienes pagarán los sobrecostes de la negativa injustificada del equipo de gobierno de PSOE y Guanyem a pagar por unos trabajos ya hechos, pese al informe favorable de la Intervención municipal. Pero ya sabemos que este es el país donde nunca pasa nada y nadie asume jamás su responsabilidad. Ya vemos que eso pasa en todos los partidos y en todos los sitios. También en Vila.