Casi la mitad de la población de la comunidad autónoma de Cataluña se ha instalado en una realidad paralela que le impide aceptar lo que los anglosajones llaman facts of life: sueñan con una república inviable que sólo reconoció Osetia del Sur en todo el universo mundo, con una prosperidad que socavan día día como revela la fuga masiva de empresas cuyos efectos minimizan, alardean de un complejo de superioridad que revela otro de inferioridad y muestran esa tendencia del fanático a ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio.
Así las cosas, parece que no le va quedar más remedio a la mayoría de la población de dicha comunidad autónoma y al resto de los españoles conllevar el «problema catalán» mientras el Gobierno central no decida abordar un aspecto clave del problema, que no es otro que el de la financiación de esa realidad paralela en la que florece a medias un proyecto arbitrista inviable que, por razones que se me escapan por completo, más de cuarenta millones de españoles se ven obligados a financiar.
La comunidad autónoma de Cataluña tiene una deuda de más de 70.000 millones de euros equivalente a dos de sus ejercicios presupuestarios. La Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, establece en su artículo 26 que «en el supuesto de que una Comunidad Autónoma no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos previsto en el artículo 25.1.a), no constituyese el depósito obligatorio establecido en el artículo 25.1.b) o no implementase las medidas propuestas por la comisión de expertos prevista en el artículo 25.2, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución Española, requerirá al Presidente de la Comunidad Autónoma para que lleve a cabo, en el plazo que se indique al efecto, la adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la constitución del depósito obligatorio establecido en el artículo 25.1.b) o la ejecución de las medidas propuestas por la comisión de expertos.
En caso de no atenderse el requerimiento, el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a su ejecución forzosa. Para la ejecución de las medidas el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma».
Obsérvese que se trata de una norma imperativa (»requerirá», no «podrá requerir» y «adoptará», no «podrá adoptar») que el Gobierno de la Nación ha venido incumpliendo sistemáticamente en una dejación de funciones que favorece esa realidad paralela y grava al resto de los españoles que topan con la otra realidad, la de verdad, en forma de impuestos.
Sin el dramatismo de medidas excepcionales, cortar el grifo de la financiación de la realidad paralela le pondría fin inmediatamente. El por qué no se hace es uno de los insondables misterios con que nos obsequia el del manejo magistral de los tiempos de La Moncloa.