Los ciudadanos sabíamos que en este 2019 íbamos a tener que acudir a las urnas para elegir a nuestros representantes en los municipios, consejos insulares, Parlamento balear y Parlamento europeo. Desde el pasado viernes además sabemos que deberemos elegir diputados y senadores, y seguramente, recibirán constantes mensajes y llamamientos a que acudan a los colegios electorales porque «además de un derecho, es un deber cívico». Y lo es, pero quienes lo repiten machaconamente no terminan de creérselo. Resulta decepcionante leer informaciones que dan cuenta del silencio y dejadez del Consell Insular de Formentera para con el Síndic de Comptes, al que no le facilita la información que le demanda. Pues si importantes son las instituciones, no lo son menos los órganos fiscalizadores. La Sindicatura de Comptes existe desde 2004, reforzada como institución por el Estatuto de 2007, aquel que reconoció a Formentera la capacidad de disponer de Consell propio. Pues desde Formentera se ignora a la Sindicatura, alegando que ya presentan cuentas ante el Tribunal de Cuentas en Madrid. Parece que les viene mejor que nos auditen en Madrid que en Mallorca, sabedores que estos organismos no disponen de medidas coercitivas; que deben presentarlo pero no les pueden obligar.
Quizás no tienen tan claro que los ciudadanos tenemos cada día más en cuenta a aquellos que hacen de la transparencia y la auditoria externa su bandera, y si bien estos organismos no tienen capacidad de sancionar, disponen de una magistratura moral que supone una garantía para los ciudadanos.
Los ciudadanos, esos que cumplimos con nuestros deberes cívicos y exigimos reciprocidad, pero de una manera mayor especialmente a quienes nos representan.