Recientemente se han conocido las cifras correspondientes al resultado de la ultima campaña de lucha contra el intrusismo en el transporte por carretera. Evidentemente cada uno podrá interpretar esos datos publicados como mejor le parezca, pero lo cierto es que ni el Consell d'Eivissa, ni la Conselleria de Mobilitat del Govern balear, tienen ningún motivo para manifestar el menor optimismo ante el resultado.
De todos es conocido que en lo que se refiere al transporte público en la isla de Eivissa, hay dos grandes problemas desde hace años: un deficiente transporte en bus y la lacra de los taxis piratas. En ambos casos se necesitan urgentemente propuestas novedosas e imaginativas, tanto en las medidas legislativas, como en la tramitación de los expedientes administrativos y las correspondientes sanciones aplicables a los infractores.
Una temporada más el transporte público en bus ha sido un caos y serán necesarios muchos cambios para que realmente pueda convertirse en una alternativa al vehículo privado. Por otro lado y contrariamente a lo que sería deseable, el número de taxis piratas operando ilegalmente en nuestra isla ha ido en aumento.
Como contrapartida y según los datos que se han hecho públicos, de las 147 infracciones detectadas hasta principios de octubre según el Consell, o de las 103 según el conseller del Govern balear; lo cierto es que tan solo dos o tres corresponden a transportes piratas; el resto son a vehículos de empresas legales por incumplimientos varios. ¿En serio en todo el verano solo hay tres infracciones por taxi pirata?
De todos es conocido que durante todos los días de verano, son muchos los taxis piratas que han estado operando en el aeropuerto de Eivissa, pero no parece que ello haya sido suficiente para que ni la Administración insular, ni la autonómica hayan decidido intervenir con contundencia en la persecución y castigo de este negocio ilegal que tanto daño esta haciendo a la imagen de nuestra isla a todos los niveles.
Volvemos al agravio comparativo, cuando se conocen algunos detalles de la capacidad de inversión en la lucha contra estas ilegalidades en el sector del taxi. En concreto, cabe recordar de nuevo lo que se invierte en materia de transporte público por carretera en Mallorca y lo que se invierte en Eivissa. Y solo recordando este detalle, se puede entender que solo en el aeropuerto de Palma, el Govern haya tenido nueve agentes de paisano de mayo a octubre supervisando el cumplimiento de la normativa de transporte; mientras que para supervisar ese mismo cumplimiento de la normativa en nuestra isla, solo se han desplazado periódicamente (y seguro que sería interesante conocer cuantos días exactamente) un total de cuatro agentes desde Mallorca, para controlar nada más y nada menos que el aeropuerto, los puertos, las discotecas y los grandes acontecimientos de nuestra isla. No es ni justo ni serio.
Señalar también que los medios puestos a disposición del cumplimiento de la normativa en materia de transporte público por parte del Consell Insular son insuficientes. Que hay que ser más responsable por parte de la Administración insular y sobre todo tener una idea muy clara de lo que se debe hacer en esta materia. Y sinceramente, los anuncios y manifestaciones hechas por varios responsables del nuevo equipo del PP-Cs no nos hacen ser demasiado optimistas. El conseller de Transportes del Consell es Javier Torres de Ciudadanos, quien ha hecho diversas declaraciones públicas sobre su área de gestión; sin embargo el balance de esta campaña que nos ocupa hoy la ha presentado Mariano Juan del PP, conseller entre otras cosas de la lucha contra el intrusismo. Sería deseable que la gestión de la problemática global en trasporte público se concentrara, para lograr mayor efectividad, en lugar de repartirla innecesariamente.
Sería deseable también, que a quien le corresponda, se diera cuenta de la gravedad del problema y buscara la forma de actuar con contundencia y coordinadamente; poniendo a disposición todos los medios necesarios para que la lucha resulte efectiva.