Poco a poco y en líneas generales se va abriendo cada vez más la mano en cuanto a recuperar las libertades que se restringieron en los meses de confinamiento. El resultado de recuperar nuestra capacidad de movimientos supone empezar a dar pasos para poder volver cuanto antes a un determinado grado de normalidad. Pero para ello cabe exigir a la sociedad en general el mayor grado de responsabilidad posible, tanto personal como colectiva.
La semana pasada hacia referencia a la necesidad de control de aquellas personas o grupos que pretenden vivir sin tener en cuenta la repercusión que sus actos puedan tener sobre los demás y ponía como ejemplo las fiestas que se montan en locales y en casas particulares y, la necesidad de impedir estas situaciones.
Actualmente, hay más de setenta rebrotes a lo largo del territorio español, rebrotes que ponen en peligro ya no solo el ritmo de vida que se nos permite llevar ahora, si no también nuestro futuro más inmediato. Todos deberíamos asumir que esta temporada de verano no va a tener nada que ver con las anteriores. Deberíamos ser plenamente conscientes de qué nos ha llevado a esta situación y deberíamos hacer todo lo que sea necesario para evitar que en la de 2021 vuelva a pasarnos lo mismo.
A la vista de los acontecimientos, se ha tenido que decretar de nuevo el confinamiento en determinadas regiones, edificios o lugares de reunión. La responsabilidad en el control y gestión de la sociedad en general ha pasado, de nuevo, a manos de las comunidades autónomas mayoritariamente. Alguna de ellas ya ha tomado la decisión de aprobar medidas de obligado cumplimiento que hasta ahora no pasaban de ser meras recomendaciones.
La primera de esas medidas ha sido la de obligar al uso de la mascarilla tanto en la calle como en lugares públicos al aire libre o cerrados, independientemente que sea posible o no mantener la distancia establecida como segura entre las personas. Cataluña así lo ha aprobado esta misma semana y Baleares también lo ha aprobado.
Pero hay otra noticia que puede resultar preocupante y que puede haber pasado desapercibida para mucha gente y ha sido saber que la mayor parte de las sanciones que se impusieron por incumplimiento de las normas de confinamiento durante los meses de estado de alarma no se van a cobrar. Con ello, el irresponsable sale indemne y como no le va a pasar nada sigue con su falta de civismo, sin preocupación alguna.
Está bien aprobar decretos y reglamentos para que las medidas que se estimen necesarias sean de obligado cumplimiento, pero aquí es donde nos topamos con la máxima complicación, que no es otra que tener la capacidad real de hacer cumplir a rajatabla, todas y cada una de estas medidas. Volvamos al tema del uso de las mascarillas y habrá que reconocer que en muchos lugares existe un pasotismo total a la hora de llevarla puesta. No hay más que pasear a cualquier hora por la calle para darse cuenta de la cantidad de gente que la lleva en la mano en lugar de llevarla puesta o que ni tan siquiera considera necesario llevarla encima.
Pero también habrá que reconocer que no se ve apenas policía en la calle que pueda controlar que todo el mundo cumpla con su obligación. Sé que no se puede poner un vigilante detrás de cada persona, pero sí se puede reclamar que haya mucho mas control por parte de las diferentes administraciones.
Es necesario ser contundentes y efectivos al máximo con aquellos que carecen de conciencia colectiva y ponen en peligro a la mayoría con sus actos de pasotismo personal, evidenciando no tener el más mínimo respeto a la sociedad en la que viven. Es con estos con quienes no se deben tener contemplaciones. El que no respete al colectivo debe sufrir las consecuencias y ya no caben miramientos.
Si se aprueban medidas y normas y la administración no se dota de los medios necesarios para que se cumplan de nada habrá servido aprobarlas. La respuesta a la falta de civismo ha de ser inmediata y efectiva. La irresponsabilidad personal no puede poner en peligro al colectivo.