Mi vehículo debía pasar la ITV el 29 de abril del 2020 pero por la pandemia y por el colapso de las estaciones de servicio no la pasó hasta el 28 de agosto de manera favorable.
Mi sorpresa fue cuando el agente encargado de validar y expedir la documentación acreditativa me recalcó verbalmente que el 20 de octubre expiraría la validez de la revisión recién realizada, es decir, menos de dos meses. Debo aclarar que la frecuencia de mi vehículo, debido a su antigüedad, es de seis meses. Me consta que es la periocidad que aplican por lo general y no de manera excepcional.
¿Qué hace que las revisiones realizadas en los centros autorizados tengan que acortar la frecuencia establecida por la ley en el Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre que rige actualmente, según informa la propia página web serviciositv.es?
Este feroz adelanto en la fecha hace pensar en un afán recaudatorio y no en preservar la seguridad ciudadana.
En otra época, un vehículo permanecería parado por largo tiempo bien sea por la propia estacionalidad de muchos negocios –taxis, autocares, rent a car, repartidores...– o bien por problemas serios de salud del propietario. ¿Se aplicarían todas las ITV no pasadas y se perderían?
Resulta indignante que en mitad de esta crisis económica no se conformen con la recaudación regular y tengan que recurrir a la práctica de robo de tiempo en la frecuencia y dinero.
En mi opinión debería intervenir la autoridad competente (el Consell insular) para regularizar y subsanar las frecuencias de la ITV.