Los próceres de la izquierda han encontrado una nueva falacia ad hominem para intentar desacreditar las voces críticas que cuestionan la gestión de la crisis sanitaria, les llaman ‘trumpistas' y les intentan asociar con el anciano democráticamente desahuciado de la Casa Blanca o a la formación de ultraderecha española de cuyo nombre no quiero acordarme, nada más lejos de la realidad.
La semana pasada los hosteleros hastiados por el castigo inmerecido que reciben por parte de Francina Armengol se levantaron en pie de guerra contra su ejecutivo. Armengol vuelve a cerrar los bares (algo en lo que tiene amplia experiencia) sin ningún tipo de previsión y bajo la más absoluta improvisación. Tan sólo fue ante el sudor frío que le provocó crear un casus belli que reaccionó y anunció un infame plan de ayudas plagado de incongruencias y del todo insuficiente.
La administración es rápida en decretar cierres pero más lenta que el caballo del malo a la hora de abonar ayudas y subsidios. Los hosteleros que claman contra las medidas caprichosas del gobierno sucedáneo balear no lo hacen por gusto o por ideología, sino por necesidad. Son familias cuya economía agoniza, siendo los que pagan la incompetencia de quienes les echan el candado. Según los datos del proprio Ministerio de Sanidad, bares y restaurantes tan sólo provocan un 3'4% de los contagios.
Mientras las calles se llenan de carteles de «se vende» o «se alquila», en España se desperdician miles de dosis de la ansiada vacuna por no tener jeringuillas, directores de hospitales de Mallorca se vacunan irregularmente, Baleares recibe la mitad de vacunas que otras comunidades con una población similar, no hemos vacunado ni a un 2% de la población de nuestra comunidad y Sánchez da ya la temporada por perdida. Olé.